Las negociaciones para la investidura extremeña avanzan sin pausa y con cierta prisa pragmática. María Guardiola busca el apoyo de Vox, como desea su partido, sin romanticismos democráticos en forma de líneas rojas. El precio de los de Abascal, previsible, nos regala una fotografía de sus preferencias y de las políticas que ofrece como alternativa.

Son peticiones simbólicas en tanto apuntan a sus objetivos dialécticos favoritos: sindicatos, mujeres y feminismo, colectivo LGTBI, población migrante, pacto verde, Agenda 2030… Pero el simbolismo no puede esconder su materialidad. Eliminar la financiación a UGT y CCOO, por ejemplo, tiene consecuencias materiales. Estas partidas permiten contratar abogados laboralistas para asesorar y defender de manera gratuita a los trabajadores. También tiene consecuencias materiales la derogación de la Ley LGTBI, una ley que ofrece atención integral a las víctimas de violencia por homofobia o garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas o bisexuales.

Pero la exigencia de Vox con más consecuencias materiales es la que culpabiliza a la población migrante. El cierre de centros de menores aboca a la desprotección a tantos niños y niñas como plazas eliminen. ¡Acabemos con la Agenda 2030 que busca sustituir al nativo español!, afirman para justificar la supresión de ayudas a la cooperación. Pero la soflama épica y racista lleva una carga más profunda. Sigue la trágica moda encabezada por Trump, secundada ya por demasiados países, de recortar de manera drástica las ayudas exteriores. La abrupta caída en la Ayuda Oficial al Desarrollo causará 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030 en todo el planeta. Casi la mitad de la población española. Más muertes que las provocadas por la Covid en todo el mundo durante la pandemia. Súmese a estas muertes evitables el retroceso en la lucha contra la desnutrición, la malaria, el VIH… ¿Cómo mantener que la agenda de Vox, de la derecha populista, es retórica inofensiva?

Sus medidas buscan evitar el despilfarro y gastar el dinero en los extremeños, que necesitan esos fondos, dicen. Esos fondos sí, pero no los 90 millones anuales de la ecotasa que quieren perdonar a Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz. Ni los de las grandes fortunas que se beneficiarán de la bonificación de los impuestos de sucesiones y patrimonio. Al final, bajo su fanfarria, el simbolismo de Vox esconde su política de siempre, dura contra los vulnerables, generosa con los más privilegiados.