Catorce meses lleva varada en el Congreso una propuesta del PSOE que pretende reducir las tasas máximas de alcoholemia al volante y fijar una única de 0,2 gramos por litro en sangre. Ese límite máximo se sitúa actualmente en 0,5 gramos y baja a 0,3 para los conductores noveles y para los profesionales. Dos veces ha recibido el apoyo del Congreso: en octubre de 2024, cuando los socialistas la presentaron como proposición no de ley; y en marzo pasado, ya como proposición de ley. En ambos casos, fue respaldada por la mayoría de la Cámara, con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

Pese a dicho aval, al amplio consenso social que suscita la medida (un 72% de los españoles defiende que la tasa sea cero) y a la evidencia científica y estadística de que beber alcohol, incluso en pequeñas cantidades, eleva la probabilidad de un accidente y empeora su gravedad, el texto sigue en la correspondiente comisión del Congreso, pendiente de las negociaciones entre los partidos.

Todas las investigaciones y los datos de siniestralidad concluyen que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la conducción. Pese a la mayor sensibilidad social, a las campañas públicas y al aumento de controles policiales, el porcentaje de conductores fallecidos que dieron positivo en alcohol creció casi ocho puntos entre 2018 y 2024 —según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses— hasta suponer ya uno de cada tres. La mejor garantía sería una tasa de 0,0, pero sus dificultades técnicas —algunos alimentos se cocinan con alcohol y eso podría inducir a falsos positivos— llevan a los expertos a defender un límite como el que debate el Congreso, que en la práctica supone la tolerancia cero. Es el que existe en países avanzados en políticas de seguridad vial como Suecia y Noruega, donde ha supuesto una apreciable reducción tanto en el número de accidentes mortales como de personas que conducían bebidas.

Cuando España vive una grave polarización, el hecho que medidas de amplio calado y consenso encallen por tácticas partidistas solo puede ahondar la desafección de los ciudadanos. Ocurrió en marzo con la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, rechazada por PP y Junts por cálculos que nada tenían que ver con la salud de los españoles y tras aprobarla en la comisión correspondiente. Esta vez, fuentes parlamentarias atribuyen el bloqueo a ERC, que busca la cesión a Cataluña de la competencia de examinadores de tráfico, algo perfectamente debatible pero no a costa de una propuesta que mejoraría la seguridad de nuestras carreteras y disminuiría la cifra de fallecidos. Siguen siendo imprescindibles las campañas de educación viaria y concienciación para que la sociedad asimile como regla inexcusable que quien conduce no debe beber. Pero hay que insistir también en las medidas disuasorias que dan resultados. Fomentarlas es un ejemplo de buena política.