Hace dieciocho meses, cuando ERC anunció un acuerdo con el PSOE para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, hablando entonces de un concierto económico que no ha acabado siendo, varios líderes del Partido Socialista salieron en tromba a criticar un pacto que decían perjudicar gravemente sus intereses. Moncloa concedió a Oriol Junqueras ese anhelo tan reclamado por el separatismo a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa como 'president' de la Generalitat, pero sin tener en cuenta la opinión interna del resto de barones y de las consecuencias que podía tener electoralmente para su partido en otros territorios.De los principales líderes autonómicos del PSOE, seis subieron el tono de voz contra la decisión de Sánchez de crear un nuevo modelo que beneficie especialmente a Cataluña, pactándolo únicamente con ERC y al margen del resto de autonomías. De esos seis, solo dos, los que ostentan el cargo de presidente, el manchego Emiliano García-Page y el asturiano Adrián Barbón, siguen en su cargo a día de hoy. El resto, con excepción del fallecido Javier Lambán, que ya había anunciado anteriormente su deseo de finalizar su etapa al frente del PSOE de Aragón, los otros tres han sido fulminados por parte de la Ejecutiva Federal a la vez que Ferraz avanzaba en su concesión a ERC. Se trata del madrileño Juab Lobato, el castellanoleonés Luis Tudanca y el extremeño Miguel Ángel Gallardo. El resto de líderes, todos con cargos en el Gobierno o en otras instituciones, repitieron el mismo argumentario que Moncloa . Solo el exlíder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que es también el portavoz del partido en el Senado, con su federación en pie de guerra por este privilegio a Cataluña, manifestó que esperaba que su región tuviera «las mismas condiciones que pueda tener Cataluña». Sánchez le obligó a dejar el cargo en el PSOE-A tras los malos resultados electorales a nivel municipal, sustituyendo su liderazgo por el de la ministra de Hacienda y negociadora del modelo de financiación, María Jesús Montero, pero le recompensó con la portavocía socialista en la Cámara Alta.Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Ángel Víctor Torres, líder en Canarias y ministro de Política Territorial y Francina Armengol, al frente del PSIB y del Congreso de los Diputados, defendieron el acuerdo entre Moncloa y ERC , pese a que sus territorios se verán penalizados con el nuevo modelo. En la misma línea actuaron el líder en Galícia, José Ramón Gómez Besteiro, la presidenta de Navarra, María Chivite, la riojana Concha Andreu o el exsecretario general en Murcia, Pepe Vélez.El repudiado Gallarado lideró la rebeliónUno de los críticos más destacados dentro del partido, de hecho se le otorgó el título de promotor de la rebelión, fue Miguel Ángel Gallardo, entonces secretario general del PSOE de Extremadura. Gallardo se pronunció con dureza ante lo que consideraba un riesgo para principios fundamentales de solidaridad e igualdad entre las comunidades autónomas, afirmando que la financiación autonómica no debe construirse «desde la bilateralidad ni al dictado de acuerdos políticos particulares», sino desde un marco común que garantice justicia y cohesión territorial.El líder extremeño, al que Ferraz obligó a dimitir hace unos días tras el descalabro electoral en los comicios del 21 de diciembre, dijo estar «radicalmente en contra» de cualquier sistema de financiación que implique privilegios o trato fiscal preferente para una sola comunidad autónoma, advirtiendo de que la igualdad entre los ciudadanos no puede ponerse en cuestión. Su postura evidenció las fisuras internas dentro del PSOE.Las críticas, de otros barones como Page, Lambán, Lobato o Tudanca, reflejaron además la preocupación de varios territorios por el impacto del pacto con ERC en la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, calificó el pacto de «intolerable» y afirmó que representaba una «quiebra brutal de la igualdad» entre españoles , advirtiendo de que parecía un «cupón independentista» que ponía en riesgo la solidaridad interterritorial. Ahora reclama una convocatoria electoral a Sánchez y no descarta llevar al Constitucional el acuerdo.El presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ahora ha matizado sus críticas pese a que existe un ligero distanciamiento con Sánchez, aseguró que se oponía a un modelo de financiación singular para Cataluña con críticas a la forma en la que se estaba llevando a cabo. Rechazó, además, apoyar «nada que perjudique a Asturias, ni privilegios ni discriminación».Luis Tudanca, de Castilla y León, afirmó que no toleraría un sistema singular que perjudicara a su comunidad y subrayó que la unidad territorial no puede coserse por un lado y descoserse por otro. Juan Lobato, secretario general del PSM, expresó sus reservas de forma más moderada, defendiendo un modelo de financiación basado en la cohesión y los valores socialistas, y promoviendo el consenso territorial frente a acuerdos bilaterales. El fallecido Javier Lambán, líder entonces socialista en Aragón, consideró en la misma línea que Page que el acuerdo equivalía a un concierto económico inaceptable que rompería la cohesión del Estado y podría perjudicar a otras comunidades al debilitar la caja común. Su sustituta, Pilar Alegría, defendía todo lo contrario como portavoz del Gobierno. Ahora, en plena campaña electoral para ser la próxima presidenta de Aragón, dice que «defenderé con uñas y dientes que los aragoneses sean respetados».