Pedro Sánchez no da la legislatura por finiquitada, pero tampoco se hace trampas al solitario sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno. El presidente ha pedido a los ministros de la coalición de PSOE y Sumar que cada uno le presente un listado de tres o cuatro medidas de carácter social que el Ejecutivo pueda aprobar en 2026 sin que tengan que pasar por el Congreso, según ha podido confirmar EL PAÍS de una decena de fuentes gubernamentales. Es decir, sin que la acción legislativa de La Moncloa dependa de la volatilidad de un bloque de la investidura hecho trizas, donde Podemos hace tiempo que está a la contra y Junts insiste en que ya dio por roto en otoño el pacto que hizo presidente a Sánchez, aunque todo ese resquemor no se traduzca en la caída del Gobierno.

El presidente realizó el encargo en noviembre y en las semanas posteriores insistió en su demanda de propuestas “ambiciosas” y “disruptivas”, según coinciden ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos de La Moncloa. La petición “no era una tormenta de ideas”, detalla un peso pesado del Gobierno, sino una relación de “ideas específicas y vendibles”, que sean “fáciles” de llevar a la práctica y “conecten con la gente”, que pese a los buenos datos macroeconómicos sufren el incremento del coste de la vida, con el precio de la vivienda convertido en uno de los principales problemas sociales.

El objetivo de Sánchez es tratar de recobrar la iniciativa después de un cierre de año calamitoso por los escándalos de corrupción y de acoso sexual, y la catástrofe de los socialistas en Extremadura. La fórmula para marcar la agenda pública sería mediante una serie de medidas de impacto cuya convalidación no dependa de la Cortes y los ciudadanos pueden atribuir sin dudas al Gobierno y no a otras Administraciones como las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP. En un carril paralelo irían medidas que deben ser aprobadas en el Congreso como la revalorización de las pensiones y otras propuestas que forman parte del último escudo social, o el incremento del salario de los empleados públicos. El respaldo a esas iniciativas está en el aire pero el Gobierno juega con las dificultades de Junts para justificar su rechazo o las del mismo PP, que hace un año votó en contra de la revalorización de las pensiones en un país con 9,4 millones de jubilados. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que el margen para confiarse es cada vez más reducido: en septiembre sufrió un durísimo revés