La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha cambiado el ritmo de su «ofensiva» tras ver caer la reducción de jornada intentando que la patronal se adhiera al acuerdo para Salario Mínimo Interprofesional (SMI) poniendo varios ingredientes encima de la mesa: la menor subida posible del SMI de la franja expuesta por sus expertos, de un 3,1%, lo que supone casi 37 euros más al mes , hasta los 1.221 euros; la posibilidad de explorar que el Ministerio de Hacienda actualice el importe de los contratos públicos elevándolo para adaptarlo a las subidas de salarios; y dejando la reforma del SMI, para que los complementos de la nómina no absorban las alzas aprobadas por el Gobierno, en una ley distinta que pase por el Congreso.Este cóctel de propuestas, que el Ministerio de Trabajo trasladó ayer a los agentes sociales, suponen una desaceleración con respecto al rumbo con el que acabó Díaz el año 2025. La vicepresidenta segunda siempre ha insistido en la necesidad de que CEOE y Cepyme se sumen al acuerdo del SMI, pero no ha sido hasta ahora, con el inicio del nuevo año, cuando ha plasmado acciones para poder lograrlo, aunque el Gobierno puede legislar sobre el SMI de forma arbitraria a través de un Consejo de Ministros. No obstante, las maltrechas relaciones entre el Ejecutivo y los empresarios complican cualquier tipo de acuerdo al que se puedan sumar las patronales después de meses de discrepancias en torno a la propia jornada laboral , el registro horario , los nuevos permisos laborales o el incesante incremento de costes para los negocios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y autónomos.Por ahora, los empresarios siguen estudiando la propuesta que les ha trasladado Trabajo en el encuentro de este miércoles, indican fuentes de la patronal. No se han bajado del acuerdo, aunque su perspectiva no resulta ser halagüeña. Su postura pasaba por una subida del SMI del 1,5% , como habían planteado a finales del año pasado. La patronal considera que esa cuantía es lo que van a subir los sueldos de los funcionarios, tras el acuerdo entre el Estado y los representantes sindicales, y que las estadísticas que usa el comité de expertos para elaborar su propuesta no se acoplan exactamente a lo que ocurre con el sueldo medio en España. En cualquier caso, la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda negociar una indexación de los contratos públicos abre una puerta que hasta ahora se mantenía completamente sellada. Esta petición de la patronal pasa por una actualización del coste de los servicios que las empresas prestan a las administraciones , con sectores de actividad que son precisamente los que más se encuentran englobados en la cobertura del SMI. Es decir, se les ha subido el sueldo pero las empresas contratistas con entes públicos siguen percibiendo lo mismo que hace varios años. Incluso las organizaciones sindicales han valorado positivamente el posicionamiento de la patronal y la propuesta de Trabajo, muy lejos de hasta el 7,5% adicional que perseguían durante la negociación con el Ejecutivo. «Nos han tocado unos tiempos que nos obliga a todos a arrimar el hombro para trasladar tranquilidad», ha indicado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT . Por su parte, desde CC.OO. confían en que la CEOE reflexione desde el «pragmatismo y el sentido común», tal y como ha expresado su secretario de Acción Sindical, Javier Pacheco.