El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha el proceso para modificar el Reglamento del Sector Ferroviario con el fin de impedir, “dentro del marco legal y respetando la Ley de Movilidad Sostenible”, la entrada en vigor de un sistema de indemnizaciones más elevado por retrasos en Renfe. Ese incremento de las compensaciones deriva de una iniciativa del PP incorporada mediante una enmienda en el Senado, que estaba previsto que comenzara a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

En este escenario, el departamento que encabeza Óscar Puente detalló este miércoles en una nota que la reciente Ley de Movilidad Sostenible incorpora una disposición adicional, introducida durante su tramitación parlamentaria, en la que se establece una nueva política de indemnizaciones a los viajeros por el incumplimiento de los estándares de calidad del servicio ferroviario. Esta nueva regulación de compensaciones se circunscribe únicamente a Renfe y deja fuera al resto de operadores que compiten en el mercado.

Informe de la Abogacía del Estado

El departamento de Óscar Puente se basa en un informe de la Abogacía del Estado ha estudiado el alcance de ese mandato y ha concluido que la operadora pública no está obligada a aplicar la nueva política desde el 1 de enero, sino que es imprescindible un desarrollo normativo adicional. Para que ese esquema de indemnizaciones pudiera llegar a aplicarse, subrayan desde Transportes, sería necesario aprobar una nueva regulación o bien retocar el actual Reglamento del Sector Ferroviario.

Por ello, el Ministerio iniciará la tramitación para modificar dicho Reglamento, de acuerdo con las conclusiones del informe jurídico y dando cumplimiento al mandato previsto en la Ley de Movilidad Sostenible. Mientras se completa este procedimiento administrativo, el régimen de compensaciones de Renfe se mantendrá sin cambios respecto al vigente hasta la fecha.

La decisión de acometer esta reforma enlaza con las manifestaciones de Puente en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, celebrado el día 23, cuando adelantó que el asunto estaba siendo objeto de análisis jurídico, al entender que no resulta ajustado a derecho imponer solo a uno de los tres operadores la obligación de devolver el importe de los billetes en caso de retrasos.“Esto solo se exige a Renfe, pero hay otras dos empresas operando, y se podría dar la paradoja de que se pare un tren de Ouigo, afectando a cinco trenes de Renfe detrás y que sea Renfe la única que tenga que indemnizar a sus viajeros”, argumentó el ministro.

También está en la línea de la posición del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que en una entrevista con EL PAÍS, advirtió que no habría variación en la política comercial de la operadora con el cambio de año, y defendió que la enmienda aprobada por el Parlamento es inconstitucional.