Dos pasos atrás, uno adelante. Todavía bajo las sorpresas en cadena de la detención de Nicolás Maduro y de la confirmación de las apetencias territoriales de Trump sobre Groenlandia, la Casa Blanca ha cerrado filas en París con la llamada Coalición de Voluntarios para organizar el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania para un eventual escenario posterior a un acuerdo de paz con Rusia. Los enviados especiales de Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner, convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a dirigentes de 35 países, incluida España, acordaron con Volodímir Zelenski los términos de las fuerzas de aseguramiento de la paz, e indirectamente insuflaron algo de vida al lazo transatlántico, tan maltratado por Trump, e incluso a la Carta de Naciones Unidas, enfáticamente evocada en la declaración final de la cumbre, a pesar de haber sido vulnerada por Washington días antes.

Queda así todo dispuesto, aunque solo a nivel declarativo, sobre la participación que tendrán los voluntarios europeos en la paz desde el día siguiente que se firme. La decisión impulsa el acuerdo ya negociado entre Washington y Kiev, y refuerza la posición de esta última con vistas a la posible negociación final con Putin, que girará esencialmente sobre el estatus de Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia. Si la parte rusa rechaza la última versión del plan no será por falta de voluntad de la coalición ni por los estadounidenses, sino por el veto de Putin a cualquier sistema de garantías y esencialmente a la presencia de tropas de países de la OTAN sobre el territorio ucranio, ni siquiera en la retaguardia como está previsto, porque ese escenario haría muy difícil o imposible una nueva invasión de Ucrania.

Según el plan (más bien, “un esbozo de ideas para un plan”, en palabras del ministro José Manuel Albares), la fuerza multinacional contaría con alrededor de 40.000 soldados bajo liderazgo europeo y con el apoyo de Estados Unidos. No se desplegaría sobre la línea del alto el fuego, sino que se ocuparía de la reconstrucción del ejército ucranio y del apoyo a su sistema de disuasión. Los acuerdos satisfacen las garantías de seguridad exigidas por Zelenski, aunque el presidente ucranio, buen conocedor de la escasa fiabilidad de Putin tanto como de la de Trump, pide que los acuerdos sean jurídicamente vinculantes y sean aprobados por el Congreso de Estados Unidos.

El presidente del Gobierno español comprometió la participación de España en esa fuerza de paz. No puede ser de otra manera. España ha mantenido un compromiso férreo desde el primer minuto con la ayuda a Ucrania ante la agresión rusa y es perfectamente coherente con esa posición que participe en el mantenimiento de la paz, como ha hecho en múltiples conflictos por el mundo desde los años noventa. Es de esperar un amplio apoyo parlamentario a lo que debe ser una posición de país, y que el Gobierno recoja las inquietudes de los partidos.

Esa posición no es española, es europea, y de ella depende también nuestra propia seguridad. El peso de la ayuda a Ucrania, tanto financiera como armamentística y en la instrucción militar, recaerá casi por entero sobre los países de la Coalición. Estados Unidos no se despega de momento, a pesar de la volatilidad de Trump contra los aliados de la OTAN y de la UE, castigados en todas las negociaciones comerciales y diplomáticas. Ucrania ha hecho todo lo que estaba en su mano para alcanzar la paz, con la compañía de los europeos. Si no termina la guerra es sencillamente porque Putin no quiere y Trump no le presiona.