Una jueza federal estadounidense bloqueó este miércoles la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación para miles de migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. La jueza de distrito con sede en San Francisco, Trina Thompson, declaró que la decisión de la Administración de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para esas nacionalidades es ilegal y criticó que no se tuvieron en cuenta las condiciones en los tres países que les impedirían regresar. Esta decisión afecta a aproximadamente 89.000 personas en total entre las tres nacionalidades, aunque los hondureños son mayoría con 72.000; los nepaleses son 12.000 y los nicaragüenses 4.000, Muchos de estos beneficiarios llegaron a Estados Unidos en la década de 1990 y se enfrentaban a la amenaza de la deportación y la separación familiar.

El TPS permite la residencia temporal en Estados Unidos y concede un permiso de trabajo por motivos humanitarios a ciudadanos de países que atraviesan situaciones de crisis por un conflicto armado, desastres naturales u otro evento extraordinario.

En una decisión de 52 páginas Thompson citó declaraciones del presidente republicano y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que presentan a los inmigrantes como delincuentes y una carga para la sociedad estadounidense.

“Estas declaraciones reflejan una visión estereotipada de los inmigrantes protegidos por el programa TPS, considerándolos invasores criminales, y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, escribió.

En su fallo, la jueza Thompson determinó que la Alianza Nacional TPS, un grupo que representa a los beneficiarios del programa, había alegado de manera plausible que las rescisiones estaban motivadas por prejuicios raciales.

“El TPS me ha brindado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial”, dijo Sandhya Lama, una demandante de 43 años originaria de Nepal que vive en Estados Unidos desde 2008 y es madre soltera de tres ciudadanos estadounidenses. “Estoy agradecida de que esta orden signifique que puedo regresar a trabajar y vivir con seguridad en EE UU, pero nunca se le debería haber permitido a la secretaria actuar con tal desprecio por la ley”.

En julio, la Alianza Nacional de beneficiarios del TPS y siete personas que poseen el estatus presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, impugnando la decisión de retirar las protecciones sin una revisión cuidadosa de los hechos, como lo exige el Congreso.